El Congreso de El Salvador, con mayoría oficialista, aprobó una reforma constitucional que habilita la reelección presidencial indefinida, extiende el mandato presidencial de cinco a seis años y elimina la segunda vuelta electoral. La iniciativa fue impulsada por el partido del presidente Nayib Bukele y recibió el respaldo de 57 de los 60 diputados, en una votación realizada sin debate previo y en un proceso acelerado.
La reforma modifica los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 de la Constitución. Uno de los cambios más significativos es la eliminación de la disposición que prohibía la reelección inmediata del presidente, lo que permitirá a Bukele postularse para un nuevo período de forma indefinida. Además, se suprime la segunda vuelta electoral, lo que implica que el candidato que obtenga la mayoría de votos, aunque no sea absoluta, será proclamado presidente. Asimismo, se estipula que el próximo mandato presidencial será de seis años en lugar de cinco, como establece actualmente la Constitución.
Un artículo temporal dentro del conjunto de reformas adelanta la elección presidencial para 2027, reduciendo el periodo de gobierno actual de Bukele. De esta manera, el partido en el poder intenta fortalecer su dominio político, permitiendo una posible nueva candidatura del presidente antes de lo planeado.
Desde el gobierno se afirmó que la modificación refuerza la democracia al permitir que los salvadoreños tengan la opción de volver a elegir a sus líderes sin limitaciones. Parlamentarios cercanos al Ejecutivo indicaron que la reelección ilimitada ya es una realidad en otros ámbitos del gobierno, como en municipios o escaños legislativos, y que este ajuste solamente amplía esa opción al puesto presidencial.
Sin embargo, la reforma ha generado un amplio rechazo por parte de sectores de la oposición, organizaciones de derechos humanos y analistas políticos, que consideran que se trata de un paso hacia la consolidación de un modelo autoritario. Críticos advierten que eliminar los límites a la reelección sin un proceso amplio de deliberación y sin consultar a la ciudadanía representa una regresión democrática.
Perspectivas contrarias indicaron que la reforma fue aprobada sin debate público ni mecanismos participativos, lo cual compromete los principios esenciales del Estado de derecho. Asimismo, se criticó la ausencia de transparencia en el proceso y la centralización de poder en el Ejecutivo, que ya tiene un control considerable sobre el Legislativo y el Judicial.
Desde el año 2021, tras la destitución de los jueces de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general por parte del Congreso, se ha reportado un debilitamiento continuo de los controles institucionales en El Salvador. La decisión posterior de la renovada Corte Suprema que permitió la reelección inmediata fue percibida como una continuación de esa misma dirección.
El apoyo de la comunidad internacional ha sido inconsistente. Algunos gobiernos han mostrado inquietud por el rumbo autoritario en El Salvador, mientras que otros han subrayado su respeto hacia las decisiones soberanas del país, reconociendo que las reformas fueron aceptadas por una Asamblea elegida de manera democrática.
Organizaciones globales, como Human Rights Watch y otros grupos que promueven la democracia, advirtieron sobre los peligros de la reelección ilimitada, señalando experiencias comparables en diferentes países de América Latina, donde reformas de este tipo han resultado en crisis institucionales y en la disminución de las libertades civiles.
Aunque el presidente Bukele aún no ha declarado de manera formal su deseo de presentarse para otro período, la enmienda manifiestamente permite esa opción. Su respaldo se enfoca en su estrategia de seguridad que ha disminuido significativamente la violencia con acciones extraordinarias, como el continuo estado de excepción, mejorando su aceptación entre los votantes.
No obstante, han sido habituales las acusaciones de violaciones de derechos humanos, arrestos arbitrarios y limitaciones a la prensa independiente. La implementación de esta reforma, en un contexto donde el poder está altamente centralizado, incrementa el temor de que El Salvador se encamine hacia un modelo de gobierno con limitados controles y escasas garantías democráticas.
La reforma constitucional aún requiere una segunda aprobación legislativa en la próxima legislatura para quedar plenamente vigente, según lo establece la misma Carta Magna. No obstante, dada la composición actual del Congreso y el respaldo político con el que cuenta el presidente, es previsible que esta segunda aprobación se concrete sin mayores obstáculos.
El cambio en el sistema político salvadoreño con esta reforma representa un momento crucial para la nación, cuyo futuro estará determinado en gran parte por la manera en que se apliquen estas modificaciones y por la habilidad de los agentes democráticos para organizar una respuesta institucional que mantenga el equilibrio de poderes y los principios constitucionales.
