El Tribunal Supremo ha dictado un fallo que avala la legitimidad del parque eólico de Campelo, desarrollado por Greenalia, anulando una decisión anterior del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Esta sentencia representa un cambio notable en el proceso judicial, al considerar que la autorización administrativa otorgada a este proyecto no infringía la ley.
El Tribunal Supremo ha emitido una sentencia que respalda la legalidad del parque eólico de Campelo, promovido por la empresa Greenalia, revocando así una resolución previa del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Este fallo supone un giro significativo en el proceso judicial, al desestimar que la autorización administrativa emitida para este proyecto fuera contraria a derecho.
La sentencia concluye que la decisión del TSXG «se desvía de la doctrina jurisprudencial» y no se alinea con el marco legal actual, razón por la cual ha sido anulada. Así, la autorización administrativa concedida para el parque eólico de Campelo es confirmada, representando un respaldo para el avance de este proyecto en Galicia.
Respuestas tras el fallo
Reacciones ante la sentencia
La Consellería de Medio Ambiente ha expresado su satisfacción por esta decisión judicial, argumentando que confirma que la tramitación ambiental realizada por el Gobierno gallego fue conforme a derecho. Además, la Consellería recuerda que no es la primera vez que los tribunales respaldan la legalidad de su tramitación ambiental, ya que varias sentencias emitidas entre finales de 2023 y principios de 2024 también han validado procedimientos similares.
Un avance para la industria eólica
Un paso adelante para el sector eólico
No obstante, los desafíos legales y administrativos siguen siendo un impedimento significativo para el progreso del sector. Las solicitudes de mayor certeza jurídica por parte de los actores involucrados evidencian la necesidad de un marco normativo más preciso que facilite los procedimientos y prevenga largos litigios que demoren el avance de proyectos estratégicos para la zona.
Sin embargo, los desafíos legales y administrativos continúan siendo un obstáculo importante para el avance del sector. Las demandas de mayor seguridad jurídica por parte de los actores involucrados reflejan la necesidad de un marco normativo más claro que permita agilizar los procedimientos y evitar largos procesos judiciales que retrasen el desarrollo de proyectos estratégicos para la región.
En este contexto, el fallo del Tribunal Supremo establece un precedente importante para futuros litigios relacionados con autorizaciones de parques eólicos y la interpretación de las normativas ambientales. Aunque la última palabra podría recaer en el TJUE, esta sentencia refuerza la posición del sector eólico en Galicia y contribuye a dar un impulso necesario a la transición energética en la región.
