El gobierno de Estados Unidos manifestó su respaldo a la reciente reforma constitucional aprobada en El Salvador, que establece la reelección presidencial indefinida, amplía el mandato presidencial de cinco a seis años y elimina la segunda vuelta electoral. Esta reforma, que fue ratificada por la Asamblea Legislativa con una amplia mayoría, ha generado un intenso debate tanto a nivel nacional como internacional.
Un vocero del Departamento de Estado estadounidense subrayó que la Asamblea Legislativa de El Salvador fue electa democráticamente y cuenta con la autoridad legal para implementar cambios constitucionales según los procedimientos establecidos en el país. Además, rechazó las comparaciones que algunos sectores han hecho entre esta reforma y regímenes autoritarios, enfatizando que el sistema político salvadoreño mantiene fundamentos democráticos y constitucionales sólidos.
Este apoyo de Washington simboliza una transformación en la actitud del gobierno de Estados Unidos, que anteriormente había mostrado inquietud sobre la dirección política que estaba adoptando El Salvador. En este momento, los lazos bilaterales se han robustecido, subrayando acuerdos en seguridad, cooperación y gestión migratoria, los cuales forman parte del diálogo constante entre las dos naciones.
Pese al aval de Estados Unidos, la reforma ha generado críticas desde diversos frentes. Organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos han manifestado su inquietud, advirtiendo que la modificación podría poner en riesgo la democracia y abrir la puerta a una concentración excesiva de poder. Asimismo, han señalado que este tipo de cambios recuerdan a situaciones que han llevado a la erosión democrática en otros países de la región.
Desde la perspectiva del gobierno salvadoreño, la reforma tiene como objetivo asegurar que la ciudadanía pueda decidir si desea o no dar continuidad al liderazgo presidencial. Se argumenta que en varias democracias establecidas a nivel mundial se permite la reelección indefinida, y que esta iniciativa refleja el apoyo popular del que goza la administración actual.
El mandatario Nayib Bukele, que comenzó su segundo periodo en junio de 2024, ha promovido la reforma como una forma de consolidar la democracia interna y fomentar la estabilidad política. Aunque ha recibido críticas, el cambio fue aprobado con un fuerte respaldo en la Asamblea Legislativa, lo que demuestra un amplio apoyo dentro del órgano legislativo y, según sus seguidores, también un respaldo mayoritario de la población.
La enmienda constitucional en El Salvador se ha transformado en uno de los asuntos más significativos en la agenda política tanto del país como de la región, provocando discusiones acerca de la esencia y el futuro de la democracia en América Central. La posición de Estados Unidos, que respalda la autonomía del país para decidir sobre su estructura legal, contrasta con las inquietudes internacionales respecto al equilibrio de poderes y la protección de derechos fundamentales.
